Continúan las audiencias por falso positivo de agricultor huilense
En las instalaciones del Palacio de Justicia, continuaron las diligencias judiciales contra los últimos cinco exmilitares que se encuentran involucrados en la desaparición del agricultor Éver Urquina Rojas en hechos ocurridos en el año 2008. Durante la diligencia, la Fiscalía 76 con Especialidad en Derechos Humanos, dio a conocer tres testigos claves para que el togado no confiera a los implicados los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
La próxima semana se dará continuidad a las diligencias judiciales contra los cincos exintegrantes del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, en Pitalito Huila, quienes se encuentran implicados en la ejecución extrajudicial de Ever Urquina Rojas en el municipio de Suaza, hechos ocurridos el 15 febrero de 2008.
En la diligencia presidida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, la Fiscalía 76 Especializada en DD. HH. y DIH dio a conocer tres testigos claves para que el togado, negara la petición solicitada por la de defensa de los cinco implicados identificados como Faiver Hernán Buesaquillo, Humberto Javier Cerón Sánchez, José Yati Anacona Bueno, José Alfredo Córdoba Vargas y Oscar Mauricio Álvarez Cuellar, de ser beneficiados por la Ley 1820 del 30 de diciembre del 2016 de la Jurisdicción Especial para La Paz.
Solicitud
Los exmilitares anunciaron su intención de acogerse a este mecanismo de justicia transicional el 11 de mayo pasado durante la audiencia de juicio oral por el crimen de Ever Urquina Rojas.
La solicitud es la primera que se tramitó en el Huila por los llamados ‘falsos positivos’ o delitos cometidos por agentes del Estado en medio del conflicto armado. El acta de compromiso fue presentada por la defensa ante la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado. El caso quedó en suspenso por un error en el trámite procesal y será definido en los próximos días por la Corte Suprema de Justicia.
La petición fue elevada por el cabo tercero José Roldán López Cerón y los soldados profesionales José Yati Anacona Bueno, José Alfredo Córdoba Vargas, Faiver Hernán Buesaquillo Quinayás, Óscar Mauricio Álvarez Cuéllar, Humberto Javier Cerón Sánchez. Luego fueron acusados por abuso de autoridad y omisión de denuncia Jorge Eliécer Urbano Ortiz, Darío Zúñiga Ruiz, Jiminson Hurtado Hurtado, John Kenedy Guevara Campo y Eliécer Alonso Jojoa Ruiz.
Falso positivo
Ever Urquina Rojas se desempeñaba como agricultor en la finca El Carmen del municipio de Acevedo - Huila. Fue visto por última vez el 17 de enero de 2008 por sus familiares, quienes tras su desaparición, mediante artículos de prensa de la región se percatan que en esa fecha se efectuó un combate en los límites de las veredas “el Carmen” y “Chontillal” entre las fuerzas militares y supuestos atracadores, en el que resultó muerta una persona sin identificación que fue enterrada como N.N, quien correspondía a su familiar desaparecido. Según reposa en el expediente, el campesino ya había sido amenazado por sus homicidas.
El 29 de Enero de 2008 se hizo el reconocimiento oficial del cadáver de Ever Uquina Rojas, quien fue exhumado y entregado a sus familiares por orden de la Fiscalía General de la Nación. Por las pruebas recopiladas se pudo estimar que la muerte ocurrió entre las 2:30 y 8:30 pm, y se estableció que sufrió heridas múltiples de proyectil realizadas a una distancia menor de 150 cm con arma de largo alcance y alta velocidad.
En la investigación fueron condenados a 20 años de prisión el Cabo Tercero José Roldan y el Sargento Segundo William Andrés Capera. Al momento de ser sentenciados los dos oficiales del Ejército Nacional, los demás soldados implicados no aceptaron cargos.
Solicitud de la Fiscalía
En la audiencia realizada, la fiscal de Derechos Humanos encargada del caso, presentó tres testigos claves ante el togado, testigos que dieron a conocer que fueron fuentes humanas que al parecer otorgaban información al Ejercito Nacional de los Grupos Guerrilleros de la zona donde ocurrieron los hechos a cambio de ayudas económicas.
La fiscal, reveló ante el juez que las ayudas económicas que fueron prometidas por los uniformados nunca llegaron, pero según parece gracias a la información suministrada por los testigos, fueron los que efectuaron el ‘falso positivo’.
Estas versiones reveladas por la Fiscalía, fueron claves para que el ente de investigación solicitara al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, el no beneficio de la Ley 1820 del 30 de diciembre del 2016 de la Jurisdicción Especial para La Paz.
Las diligencias judiciales, continuarán la próxima semana, donde se conocerá si los implicados serán o no beneficiados por la Ley de Jurisdicción Especial para La Paz.
